Sonora ciudadana
Democracia y medios
| 31/mayo/2012 10:48 | Twittear |
Hace poco un buen amigo criticaba el objetivo de las protestas universitarias en cuanto al objetivo de democratizar los medios de comunicación. Insistía que su calidad de empresas las salvaba de tener que rendir cuentas de su actuar, excepto obviamente, a sus propios dueños y accionistas.
Si bien su idea aplica en la mayoría de las empresas en un paradigma tradicional, no hay que perder de vista que el consumidor final es el que emite el juicio último al consumir o no, el producto o servicio. Ya en el siglo del que llevamos más de una década avanzada, es precisamente el consumidor el objeto de un sinfín de explicaciones justificando la actuación de las empresas y, por lo mismo, se ha ido mostrando que rendir cuentas de forma amplia, sí importa.
Sin embargo, el elemento adicional que hace trágica la frivolidad de los medios de comunicación es su importancia para la vida democrática de nuestro País. Los monopolios televisivos si no son el último monstruo del sistema corporativista del PRI, sí es de los poderes fácticos más complejos, llevando su poder no solamente a la influencia extrema (por no decir manipulación, porque hay excepciones) de millones de mexicanos sino a la consolidación de su influencia en las mismas instituciones del Estado. En otras palabras, tienen capturado el Estado mexicano (Hellman y Kaufman).
Es así que los ejecutivos televisivos ahora son diputados, senadores y, girando como en una “puerta giratoria”, algunos años están en los organismos reguladores del Estado definiendo las reglas del juego, otros tantos más en la misma iniciativa privada, disfrutando de las mismas trampas que lograron colocar.
Justamente ahora, alrededor de 20 plurinominales a senadores y diputados, provienen de las filas del duopolio, incluyendo a familiares directos de los dueños, que muy poco se han caracterizado por defender el interés público, sino los de sus propias empresas.
Preocupa el contexto de la consolidación de ese poder, difícil de controlar desde el mismo poder, donde los consumidores finales no tenemos capacidad de alternativa y donde ya hay la posibilidad de instaurar un régimen ad hoc.
Pero la discusión va más allá de la misma democratización. Por años los gobernantes son objeto de chantajes políticos para obtener contratos más jugosos de publicidad oficial (con nuestro dinero). De negarse, la lupa periodística destacará lo peor de su gobierno e ignorará lo bueno. El resultado ya lo conocemos, convenios muy favorables a las empresas, consecuencias como una línea acrítica desproporcionada, poca calidad informativa al consumidor y efectos nocivos para el erario público que es succionado millonariamente.
Al igual, de negarse a una línea acrítica, el castigo es la nueva censura, la asfixia financiera por el retiro de publicidad oficial del Gobierno en turno, incluso en algunos casos requiriendo la solidaridad a sus empresas aliadas, prohibiéndoles anunciarse en dichos medios.
El modus operandi de los medios de comunicación continuará siendo ese mientras no se pongan en marcha leyes que definan criterios para la contratación de publicidad oficial (eliminando la discrecionalidad del gobernante en turno) y exista el suficiente dinamismo económico que permita que los gobiernos no sean el “primer cliente”. Entre muchas otras cosas que deben suceder, claro.
Por eso, pensar en la democratización de los medios es aceptar que, al utilizar el espectro propiedad del Estado mismo, tienen una responsabilidad pública con el consumidor final y con la democracia mexicana. Hacerlos democráticos no significa una asamblea popular al frente de un medio, sino hacerlos corresponsables del proceso de transición y enmarcarlos en un régimen de rendición de cuentas frente a nosotros mismos, los consumidores.
EN LA LUPA: LEVANTAMIENTO EN EL MUSEO
Me llega un oficio donde trabajadores del Museo de los Yaquis, allá en Cócorit, han levantado su voz en contra del actual responsable, el profesor Alfonso Bojórquez Acuña y acusándolo de, entre tantas cosas, de utilizar materiales y desvío de recursos para su beneficio privado, modificación de presupuestos y alteración de facturas, entre otras tantas quejas.
Ante una situación que no ha mejorado en el tiempo, quienes realmente operan y cuidan el Museo cumplen con su responsabilidad al levantar la voz ante las autoridades correspondientes y exigir la destitución de esta persona.
Estoy seguro que el secretario de Educación, el maestro Ibarra, sabrá identificar una simple grilla de un problema como éste que ya es añejo y que debe resolverse pronto.
¡Feliz pre-viernes!
Guillermo Noriega Esparza. Internacionalista, UNAM y director de Sonora Ciudadana A.C.
Correo: noriega@sonoraciudadana.org.mx
